El acceso a los servicios esenciales es una prioridad absoluta para el éxito económico y social de los países en desarrollo, y condiciona el acceso de las mujeres a la sanidad, la educación y la autonomía económica.
La introducción de mecanismos de solidaridad garantiza a las poblaciones pobres conectadas a la red un acceso asequible a los servicios de agua, saneamiento y electricidad.
La fuerte migración de la población a las ciudades y la creciente presión sobre la demanda de agua y energía requieren un marco jurídico y políticas de planificación urbana que garanticen unas condiciones de vida dignas.
